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Aunque el Tribunal Supremo de Justicia dio como ganador de las últimas elecciones en Venezuela a Nicolás Maduro, sus vecinos rechazaron el fallo.
Un día después de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declarara a Nicolás Maduro como ganador en las elecciones presidenciales del 28 de julio pasado, los gobiernos de Argentina y otros 10 países -incluidos Chile, Estados Unidos y Uruguay- rechazaron el fallo este viernes e insistieron en la idea de una auditoría externa, «imparcial e independiente» para corroborar los datos.
«Los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay rechazamos categóricamente el anuncio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, que el día de ayer indicó haber concluido una supuesta verificación de los resultados del proceso electoral del 28 de julio, emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), y que pretende convalidar los resultados sin sustento emitidos por el órgano electoral», se lee en el comunicado emitido por Cancillería en las últimas horas.
En el mensaje fechado el 23 de agosto los gobiernos de los países mencionados reiteraron su rechazo a los resultados de las últimas elecciones en Venezuela, que dieron como ganador por tercera vez a Nicolás Maduro, quien durante su campaña había advertido a la ciudadanía sobre un posible «baño de sangre» si no triunfaba en las urnas.
«Nuestros países ya habían manifestado el desconocimiento de la validez de la declaración del CNE, luego de que se impidió el acceso a los representantes de la oposición al conteo oficial, la no publicación de las actas y la posterior negativa a realizar una auditoría imparcial e independiente de todas ellas», agregaron.
Alertados por la «falta de independencia e imparcialidad de ambas instituciones», en referencia al CNE y al TSJ de Venezuela, los gobiernos de Javier Milei, Joe Biden, Luis Lacalle Pou, Gabriel Boric y compañía insistieron en que «sólo una auditoría imparcial e independiente de los votos, que evalúe todas las actas, permitirá garantizar el respeto a la voluntad popular soberana y la democracia en Venezuela».
