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Lawfare: Martín Rappallini (UIPBA), investigado por Servini, quiere ser anfitrión de conferencia industrial

El titular de la central empresaria bonaerense con Macri, Dietrich e Iguacel presionó para quitarle la concesión de una autopista al Grupo Indalo. Asociación ilícita es la causa madre.

Hasta ahora, el próximo 2 de septiembre la Unión Industrial Argentina (UIA) celebrará el Día de la Industria en una sede cuyo dueño, Martín Rapallini está siendo investigado en la justicia federal por querer apropiarse con Macri, Dietrich e Iguacel de un contrato del Grupo Indalo.

El encuentro industrial sería en las instalaciones que tiene la firma Cerámica Alberdi en la localidad bonaerense de José C. Paz. El dueño de la empresa es Martín Rappallini, actual titular de la Unión Industrial Bonaerense (UIPBA), quien aparece en el pedido de la jueza federal María Servini de entrecruzamiento de llamados entre el expresidente Mauricio Macri y otros imputados, en la causa que investiga la asociación ilícita para asfixiar económicamente al Grupo Indalo, encarcelar a sus accionistas y rematar activos a precio vil.

La UIA lleva así su principal celebración anual a las instalaciones de un empresario que está bajo la mira de la Justicia como parte de la estrategia de asfixia contra Indalo. ¿Avala entonces el lawfare y la persecución contra los accionistas del Grupo Indalo? No menos llamativo sería si funcionarios nacionales del actual Gobierno asisten a ese encuentro en la firma de Rappallini.

En el expediente, la jueza recuerda que “en el caso de la empresa AEC S.A. – que tenía la concesión de la autopista Ricchieri -, Cristóbal López y de Fabián Sousa indicaron que a mediados de 2016 apareció “Grupo Alberdi S.A.” con la intención de adquirirla, y que su representante Martín Rappallini, había sido referenciado por el entonces Director Nacional de Vialidad Javier Iguacel”.

En su denuncia, el empresario Fabián De Sousa (uno de los accionistas de Indalo) relató en 2013 habían adquirido la concesión de la autopista Ezeiza-Cañuelas a una firma española y que tres años más tarde el entonces director de Vialidad Nacional promovió la revocatoria de la concesión para actualizar el precio del peaje y volverla a tornar rentable.

Es decir, Rappallini fue partícipe de la maniobra que desde el gobierno macrista llevaron adelante para apropiarse de la concesión que estaba adjudicada al Grupo Indalo, y que se trató de una acción más de las que impulsaron desde la administración de Juntos por el Cambios funcionarios como el entonces ministro de Transporte y Obras Públicas, Guillermo Dietrich; y el extitular de Vialidad, Javier Iguacel; para desmembrar al holding.

En su momento, el fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó una serie de medidas de prueba tendientes a descifrar si el gobierno de Mauricio Macri buscó asfixiar al Grupo Indalo a través de decisiones como la de no autorizarle aumentos de tarifas en autopistas que tenía concesionadas para luego, directamente, revocarles la autorización para operarlas. De esa maniobra justamente es la que buscó aprovechar Rappallini para quedarse con un negocio que se intentó arrebatar a Indalo.

Las medidas le fueron solicitadas a la jueza María Romilda Servini en el marco del expediente en el que se investiga si el expresidente y su denominada «mesa judicial» persiguieron a los accionistas del Grupo Indalo para destruir sus empresas luego de que no aceptaran planteos como el de cambiar la línea editorial del canal de noticias C5N.

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